23 abril 2016

CORRUPCIÓN ILEGAL, CORRUPCIÓN LEGAL

Corrupción ilegal, corrupción legal 

Se debe regular la responsabilidad para devolver las cantidades “distraídas”
 por ejemplo embargando subvenciones


Como definió Osvaldo Schenone en The Scourge of Corruption, Michigan 2002, la corrupción es “la realización de transacciones voluntarias e ilegales entre dos partes en perjuicio de una tercera parte, al cual se supone que uno de ellos debería servir desde el punto de vista legal”. 

Esa tercera parte es la traicionada, la que sufre el engaño, la perjudicada. En la cosa pública y en la Administración del Estado esa tercera parte somos todos los ciudadanos. Unas veces nos daña en nuestra condición de pueblo soberano que elige representantes políticos, otras por ser vecinos de un determinado municipio o perjudicando nuestro bolsillo en calidad de contribuyentes. A veces deteriora la calidad democrática y afecta al ejercicio de nuestros derechos como votantes o simplemente como integrantes de una democracia joven moderna y europea como la española.  

La búsqueda de poder, dinero o notoriedad empuja a algunos individuos a traicionar los objetivos por los cuales trabajan, para beneficio personal, por otras causas ilegales o éticamente reprobables. 

Desde el punto de vista del Derecho existe corrupción si se vulnera la Ley, pero la corrupción debemos asumirla como un concepto más amplio y que recoge muchas de las conductas reprobables. 

Por tanto, y desde mi punto de vista, existe corrupción ilegal cuando se vulnera la ley, y corrupción legal cuando, aun no vulnerando la ley, se adoptan actitudes éticamente reprobables desnaturalizando el objeto de la función a desempeñar y perjudicando a un tercero con el que existe un compromiso. 

Podemos decir que existe corrupción si las conductas incumplen los fines estipulados a unas funciones en favor de intereses propios o de terceros, si se actúa en contra del interés general o no se cumple con el objeto social para el que se crea una organización. Esta corrupción puede ser legal, pero no deja de ser una práctica abusiva que pervierte los valores éticos de una sociedad democrática y es moralmente inaceptable. 

Conocidos sobradamente son algunos sonados casos de corrupción ilegal como Filesa, el caso Pujol, el caso de los EREs del gobierno socialista andaluz, el caso Gurtel, Pretoria, Púnica, el caso de Unió Mayorquina, etc. que conocemos gracias a los medios de comunicación. Sabemos que la justicia funciona aunque lenta y con las herramientas que tiene. Ahora necesitamos que se asuman las responsabilidades políticas sin excepciones. 

Un ejemplo muy claro de lo que considero corrupción legal es la decisión y conducta del actual ministro del Interior cuando el 23 de octubre de 2012 en la cadena Cope dice: “No excarcelar a Bolinaga habría sido incurrir en prevaricación” o “Nos sometemos a lo que dice el juez y la Ley… nosotros no gobernamos con los sentimientos, gobernamos con la Ley” (23-08- 2012 ABC).  

El artículo 140.4 del Reglamento penitenciario que es el que se aplicó a este etarra torturador y asesino dice que: “presos enfermos con padecimientos incurables podrán ser clasificados en tercer grado.” Es decir, era legal mantenerle en prisión y también excarcelarle. La decisión política fue la de excarcelarle. El Gobierno decide en perjuicio de las víctimas directas de este asesino, en perjuicio de la dignidad de las víctimas del terrorismo, impidiendo el cumplimiento íntegro de la pena impuesta por el juez y por tanto que se haga justicia, y privilegiando al etarra frente a otros condenados con padecimientos similares sin indicio alguno de reinserción. La decisión fue tomada con otros motivos diferentes a lo comprometido por su formación en materia antiterrorista. Y la explicación pública que ofrece el gobierno respecto a su decisión es objetivamente una mentira. 

En estas declaraciones no habrá delito, pero sí se evidencia una conducta de grave falta a la ética pública. 

Otro ejemplo claro de corrupción legal es la conducta del líder del PSOE Pedro Sánchez y de la Presidenta de la Comunidad Autónoma en relación a la continuidad de Chaves y Griñán en las filas de su formación política. La sentencia del juez determinará las responsabilidades legales de ambos en el caso de corrupción ilegal sistémica en la Junta de Andalucía y el saqueo de las arcas públicas por casi 900 millones de euros. Pero a día de hoy existen ya perjuicios graves derivados de esta omisión en lo que se refiere a responsabilidad política y principios éticos y que es lo contrario que comprometieron públicamente. 

La clara impunidad y blanqueo del concepto corrupción que estos líderes del PSOE están socializando con su actitud, las trabas a la transparencia y a la labor más ágil de la justicia así como el privilegio que supone para los imputados mantenerlos en las filas del partido ayudando a la continuidad en su aforamiento, conllevan a todas luces la perversión de los principios éticos de un servidor público. Además se está obstruyendo gravemente el desarrollo normal de pactos políticos para formar gobierno en Andalucía, porque manteniendo a estos políticos en sus filas, el PSOE no alcanza unos mínimos límites éticos al parecer exigidos por el resto de los grupos políticos electos.  

Una sociedad debe manifestar tolerancia cero contra la corrupción con sanciones, con rechazo social, sin impunidad. Si el problema no se ataja de raíz estas actitudes se contagian y extienden rápidamente a todos los niveles de la sociedad, y más allí dónde hay poder como la administración y los gobiernos. Es una epidemia de consecuencias nefastas que debilita el sistema democrático y puede llegar a destruirlo. 

Consecuencias de la aceptación en nuestro entorno de actitudes corruptas son, por ejemplo, la generación de una creciente desigualdad entre ciudadanos otorgando injustamente privilegios a unos pocos en detrimento de los derechos del resto. La corrupción política puede pervertir también decisiones de gobiernos o de funcionarios en la búsqueda de más poder, votos, confort, enriquecimiento u otros beneficios olvidándose gravemente de preservar el interés general, los derechos fundamentales y la dignidad de las personas. 

Otra consecuencia de una epidemia es el incremento del intervencionismo económico y regulador con el objeto de que se cuele más picaresca y posible conculcación de principios constitucionales de libre concurrencia o publicidad. 

La impunidad es una de las consecuencias más dañinas a largo plazo, porque si no tiene un precio ser corrupto y encima se obtienen beneficios, la corrupción destruye los cimientos de la democracia. 

Las corruptelas urbanísticas o en la contratación pública producen un aumento inasumible de los precios públicos de productos y servicios que son consecuencia de sobrecostes sorprendentes que chirrían y debieran de ser fiscalizados con mecanismos de control externos. 

Una corrupción sistémica hace inevitable que cobren mayor presencia los grupos de presión capaces de “influir inadecuadamente” en la parte que se deja corromper y olvidan el fin último de sus funciones que es el servicio público en aras al interés general.

Estas son sólo algunas consecuencias terribles de la corrupción. La corrupción nos avoca así una progresiva pérdida de los valores humanos necesarios para la convivencia y para la democracia, a la degradación del estado de bienestar y nuestros derechos, a la quiebra económica y a la generalización de la doble moral. 

Contra la corrupción se pueden establecer mecanismos de prevención o erradicación. 

Yo propongo recuperar la educación en valores incentivando el esfuerzo y el mérito. Esta es la base de la convivencia y de la salud social

Propongo que los partidos políticos, instituciones, sindicatos y gobiernos cuelguen en la web sus estados financieros. Los ciudadanos queremos conocer las facturas, en qué se emplean nuestros impuestos, saber con quién come el Diputado General de Guipúzcoa o el secretario general de UGT y para qué. Queremos que los partidos y sindicatos se gasten las subvenciones en aquel objeto a lo que estaban destinadas y que nos lo cuenten. Y también que ahí sea dónde se recorte de verdad. 

Necesitamos que personas designadas por cada partido, institución, etc. den cuenta periódicamente del gasto y asuman su responsabilidad. Queremos que todo esto lo fiscalice el Tribunal de Cuentas y también publique su informe. Si desaparece dinero en las organizaciones, gobiernos o instituciones se debe regular la responsabilidad de las mismas para devolver las cantidades “distraídas” por ejemplo embargando las subvenciones que les correspondan. 

Sería bueno que los fiscalizadores financieros, contables o de cumplimiento normativo fueran altos funcionarios que deban su puesto a su esfuerzo, capacidad y mérito únicamente y que se reforzaran los mecanismos de fiscalización. 

A muchos nos gustaría que todos los jueces lleguen por meritocracia también a sus más altas instancias, y que los políticos se queden sin voz en su proceso de selección.

Visibilicemos el rechazo individual y social al corrupto o al que mira para otro lado y reprobemos esas actitudes en nuestros entornos. 

Nerea Alzola
Hace un año se aprobó a propuesta del PP una nueva Ley para el Control de la actividad Económico Financiera de los Partidos Políticos que añadía requisitos para mayor transparencia en la financiación de los partidos. 

Bienvenida fue y es si se está aplicando. 


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