Financiación de partidos

La soberanía popular nos sale “por un riñón”

Los recursos económicos de los partidos políticos españoles proceden de lo público en un 80%. 

Los partidos ingresan subvenciones públicas procedentes de distintas administraciones públicas por distintos conceptos, cobran cuotas a los afiliados, y disponen de rendimientos por gestionar su patrimonio y beneficios que procedan de actividades en pro de sus fines. También pueden generar ingresos puntuales o temporales por donaciones, herencias, préstamos o créditos que concierten. 

El dinero que ingresan anualmente los partidos políticos procedente de administraciones públicas supone de alrededor de un 80% del total de sus ingresos a la vista de los estados financieros y memoria anuales presentados al Tribunal de Cuentas. Estas subvenciones se aprueban dentro de los presupuestos de cada institución y éstos datos son públicos y de acceso gratuito. Con este dinero cada partido político se permite costear su funcionamiento interno, sufragar sus campañas electorales y mantener sus grupos parlamentarios, municipales, etc. 

Además de disfrutar de las subvenciones del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Diputaciones vascas y de las Entidades Locales, existen dineros presupuestados por diferentes ministerios y entes autonómicos que se destinan a convocatorias para sufragar actividades concretas de las fundaciones vinculadas con los partidos políticos. 

Para hacernos idea de la dimensión de este lío de subvenciones, veamos por ejemplo cómo en 2015 la ley de Presupuestos Generales del Estado asigna 52.704.140 euros en subvenciones a los partidos políticos para soportar únicamente sus gastos de funcionamiento. Esta cifra es igual a la que recibieron en 2014 y en 2013. En 2012 era de 65.883.000,58 euros y el año 2011 de 82.354.480 euros. A esta cifra hay que sumar unos 2,7 millones de euros anuales que reciben para gastos en seguridad. 

Este año se celebrará el mayor número de contiendas electorales coincidentes en un mismo año de toda la democracia. Celebraremos elecciones autonómicas andaluzas el 22 de marzo, municipales y autonómicas en casi toda España el 24 de Mayo, autonómicas catalanas el 27 de septiembre, y generales a final de año que conllevan astronómicas subvenciones a los partidos para gastos de campaña electoral. 

Los españoles veremos cómo algunos políticos despilfarran el dinero salido de nuestros impuestos. La suma de las subvenciones para gastos de contiendas electorales en 2015 se presume inadecuadamente elevada, y más, dada la situación de crisis vivida en los últimos años. En el caso de la campaña andaluza ya la conocemos y asciende a 10 millones de euros para gastos de los partidos políticos. Además a éstos sumamos los gastos de envío electoral a 0,20 euros la papeleta.

La soberanía popular nos permite elegir a nuestros gobernantes y quitar a los que lo han hecho mal, pero nos sale “por un riñón”, la verdad. 

Hoy por hoy los españoles sentimos mayoritariamente una desconfianza profunda hacia la gestión de la cuentas de los partidos. A pesar de las auditorías internas y la fiscalización del Tribunal de Cuentas obligadas por ley, vemos cómo afloraron hace décadas y continúan saliendo casos de financiación ilegal de partidos. Desde Pallerols, Filesa, Naseiro hasta nuestros días con Pujol, los EREs andaluces, Bárcenas o un caso más del PNV todavía por aclarar sobre una muy jugosa permuta de terrenos en el municipio de Baracaldo. 

No voy a pedir que se prohíba el gasto a los partidos políticos, pero la tan repetida reducción de gasto corriente que ellos, los partidos, aplican desde sus gobiernos obligadamente o no, debiera llevar aparejada la disminución de algunos gastos en las campañas electorales. Estas decisiones debieran surgir desde los propios aparatos de partido para ser consecuentes con lo que “predican” o al menos, con la situación de crisis. Y es que chirría el patrimonio inmobiliario desproporcionado del PNV, saber de sobresueldos en sobres, oír cómo el gorila rojo da dinero a Podemos o ver a Tania Sánchez hace un mes hablando en el Ritz sobre las acampadas de indignados de Sol. 

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Lo que creo exigible es que se publique toda la gestión de los recursos económicos de los partidos políticos, y también que conozcamos a los responsables de la misma para que ejerzan esa responsabilidad de forma nítida y den cuenta de forma periódica. Es exigible que asuman responsabilidades, para bien y para mal. No puede caber duda de esos dos datos: quién es el responsable y cuál es la cuenta. 

También es oportuno exigir que se intensifique la fiscalización y el control sobre la gestión financiera. De igual forma, necesitamos que se refuerce la independencia de los fiscalizadores y ésta se defina expresamente, por ejemplo que los altos funcionarios de los que dependa en ningún momento deban su puesto a nadie y que tengan todas las competencias sin interferencia de otros estamentos. Además, podrían estudiarse nuevos resortes de control. 

Costará recuperar la confianza pero hay que intentarlo.

Publicado en neupic.com el 13 de marzo de 2015

https://neupic.com/articles/financiacion-de-partidos